L'Audiència Nacional podrà tancar webs que permetin descàrregues no autoritzades

Finalmente, no será la Administración sinó un juez de la Audiencia Nacional quien tendrá la potestad de sancionar/clausurar las webs que atenten contra la propiedad intelectual al permitir descargar archivos protegidos por derechos de autor. Esta es la nueva propuesta del Gobierno que supone la modificación de la normativa "antidescargas" que apareció hace un mes en la disposición final del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.  
Con esta maniobra del gobierno para intentar satisfacer a todos - internautas y autores - se quiere llegar a una solución mixta administrativa y judicial.
Fase Administrativa: La Comisión de Propiedad Intelectual, un nuevo organismo que dependerá del Ministerio de Cultura, será quien se encargue de recibir las denuncias y de poner en marcha el procedimiento. La Comisión estudiará el caso y comprobará que efectivamente se están infringiendo los derechos de propiedad intelectual. Acto seguido, la Comisión notificará la denuncia a la web en cuestión, que podrá presentar alegaciones; una vez estudiadas éstas, si la Comisión considera que no son suficientes, notificará de manera oficial a la web un plazo para desalojar los archivos objeto de la infracción. Este procedimiento puede superar los tres meses.
Fase Judicial: Una vez agotada la via administrativa, la Comisión pedirá al Juez el bloqueo de la web. El magistrado oirá ambas partes y se asegurará de que el cierre de la web no atente contra ningún derecho fundamental, como el de libertad de expresión. El Juez deberá tomar una decisión en un plazo de cuatro días.
En cualquier caso, ambas partes podran con posterioridad llevar el contencioso ante la jurisdicción ordinaria.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto pasará al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial y, finalmente, se debatirá en el Parlamento. Una vez terminado este procedimiento, se redactará el reglamento que regulará el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual y se decidirá quién forma parte de ella. Se prevé que el proceso dure hasta el 2011.